Identificación, firma, derechos y relación electrónica (artículos 9 a 15)
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Las Administraciones deben verificar la identidad de los interesados por el nombre y apellidos o la razón
social que consten en el DNI o documento equivalente (9.1). Identificación electrónica: certificados cualificados de
firma, certificados cualificados de sello y cualquier otro sistema que la Administración considere válido con registro
previo (9.2).
Con carácter general basta con identificarse; la firma solo es obligatoria para formular
solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar
a derechos (11.2).
Si un interesado no obligado a la relación electrónica no tiene medios, un funcionario habilitado puede
identificarse o firmar por él, con su consentimiento expreso (12.2). Cada Administración mantiene un registro de
funcionarios habilitados (12.3).
Derechos de las personas (artículo 13)
Comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistido en el
uso de medios electrónicos; usar las lenguas oficiales de su comunidad; acceder a la información pública,
archivos y registros (Ley 19/2013); ser tratado con respeto y deferencia; exigir responsabilidades; obtener y
usar medios de identificación y firma; protección de datos; y los demás que reconozcan la Constitución y las leyes. Los del
artículo 53 son los de los interesados en un procedimiento.
Quién está obligado a relacionarse electrónicamente (artículo 14)
Pueden elegir (14.1)
Obligados en todo caso (14.2)
Las personas físicas, que pueden cambiar el medio en cualquier momento; reglamentariamente puede
obligarse a ciertos colectivos con acceso acreditado a medios electrónicos (14.3)
Las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejercen una actividad
profesional de colegiación obligatoria (notarios y registradores incluidos) en los trámites de esa actividad;
quienes representen a un obligado; y los empleados públicos para los trámites por su condición de
empleado, como determine cada Administración
Lengua de los procedimientos (artículo 15)
En la Administración General del Estado la lengua es el castellano, pero ante órganos con sede en una comunidad
con lengua cooficial el interesado puede usarla y el procedimiento se tramita en la lengua elegida; si hay varios
interesados y discrepan, se tramita en castellano y los documentos que pidan se expiden en la lengua elegida (15.1). Los
documentos que deban surtir efecto fuera de la comunidad se traducen al castellano, salvo que vayan a otra comunidad con la
misma lengua cooficial (15.3).
Truco de testUn autónomo que no está colegiado es persona física y puede elegir papel o
electrónico. Un abogado o un notario en los trámites de su profesión, una sociedad limitada o una comunidad de propietarios
(entidad sin personalidad) están obligados a lo electrónico.
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