¿Se aprobó la jornada de 37,5 horas? Esto dice la ley en 2026

No, la jornada laboral de 37,5 horas semanales no está en vigor en España. El Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de ley el 10 de septiembre de 2025, al aprobar sendas enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts per Catalunya por 178 votos a favor de las enmiendas frente a 170 en contra. El texto —impulsado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— ni siquiera llegó a debatirse en comisión: volvió al Gobierno sin tramitación parlamentaria. La jornada máxima legal en España sigue siendo de 40 horas semanales de media en cómputo anual, tal y como fija el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores desde 1983.

Qué pasó exactamente

• Diciembre de 2024: el Ministerio de Trabajo firma el acuerdo con los sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) para reducir la jornada a 37,5 horas sin pérdida de salario.
• Febrero de 2025: el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley, que pasa a tramitación parlamentaria.
• 10 de septiembre de 2025: el Congreso aprueba las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts (178 votos a favor de devolver el texto al Gobierno frente a 170 en contra), lo que bloquea el proyecto antes de llegar a debatirse artículo por artículo.

Junts justificó su enmienda alegando falta de consenso previo y un impacto que consideraba desproporcionado sobre pymes y sectores como el comercio, la hostelería o el agroalimentario. Los sindicatos que se concentraron a las puertas del Congreso denunciaron el bloqueo como una parálisis de una reforma que consideran clave para las condiciones de trabajo.

Cuál es la jornada legal ahora mismo

Con el proyecto tumbado, la normativa vigente no ha cambiado: el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores fija la jornada máxima en 40 horas semanales de trabajo efectivo de media en cómputo anual. Esa cifra es un tope legal, no un mínimo obligatorio: muchos convenios colectivos ya pactan jornadas inferiores a 40 horas para su sector, así que conviene revisar siempre el convenio aplicable antes de asumir que se trabajan 40 horas por defecto.

Lo que sí sigue en vigor —y no depende de esta ley fallida— es el registro horario obligatorio (obligatorio desde 2019 para todas las empresas, independientemente de su tamaño) y el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral. Consulta el detalle en la guía de horas extra de LaborIA y en la ficha de desconexión digital.

Qué haría falta para que se apruebe en el futuro

Para que la jornada de 37,5 horas llegue a ser ley, el Gobierno tendría que presentar un nuevo proyecto —el anterior quedó formalmente retirado de la tramitación parlamentaria tras el rechazo—, conseguir una mayoría suficiente en el Congreso que hoy no existía, y completar el trámite hasta su publicación en el BOE. No hay, a fecha de esta publicación, un calendario oficial para un nuevo intento.

Preguntas frecuentes

¿Puede mi empresa aplicar ya la jornada de 37,5 horas aunque no sea obligatoria?

Sí, sin problema. La ley marca un máximo (40 horas), no una jornada fija obligatoria. Cualquier empresa puede pactar una jornada inferior por convenio colectivo, acuerdo de empresa o contrato individual — de hecho, muchos convenios ya lo hacen. Lo que no puede ocurrir es que se supere el máximo legal de 40 horas semanales de media anual.

¿El rechazo del Congreso afecta a mi convenio colectivo actual?

No. Los convenios colectivos que ya fijan jornadas de 37,5 horas o inferiores (o superiores a las que fijaría la ley fallida) no se ven afectados por este rechazo: siguen vigentes en sus propios términos hasta que se renegocien, con independencia de lo que ocurra a nivel estatal.

¿Sigue siendo obligatorio el registro horario?

Sí, completamente. El registro horario obligatorio (art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores) no formaba parte de este proyecto de ley rechazado — es una obligación independiente, vigente desde 2019, y su incumplimiento puede sancionarse con independencia de en qué quede la reforma de la jornada.

¿Quién votó a favor y en contra en el Congreso?

Las enmiendas a la totalidad que bloquearon el proyecto fueron presentadas por PP, Vox y Junts per Catalunya, y salieron adelante por 178 votos frente a 170. El resto de la mayoría que había apoyado al Gobierno en otras votaciones no fue suficiente para frenarlas en esta ocasión.