Un detective trabaja con datos de personas que no saben que las investigan. Por eso la ley le pone la reserva y la protección de datos en el centro.
Las investigaciones son reservadas
- Los datos obtenidos solo se ponen a disposición del cliente y, en su caso, de los órganos judiciales y policiales (para una investigación policial o un procedimiento sancionador) (Ley 5/2014, artículo 49.5).
- El Reglamento lo dice más corto: «riguroso secreto» de las investigaciones, salvo para quien las encarga y para jueces y policía (Real Decreto 2364/1994, artículo 103).
- Romper la reserva o usar medios que atenten contra la intimidad, cuando no es delito, es infracción muy grave del personal (artículo 58.1.c).
La protección de datos también manda
- El tratamiento de datos personales que haga falta para cumplir la Ley 5/2014 se somete a la normativa de protección de datos (artículo 15.2), y la investigación nunca puede atentar contra ella (artículo 48.3).
- Todos los que intervienen en un tratamiento de datos tienen deber de confidencialidad, que se suma al secreto profesional y sigue cuando acaba la relación (Ley Orgánica 3/2018, artículo 5).
- Al Ministerio del Interior se le comunica el contrato solo con los datos que identifican a las partes, sin datos personales (Ley 5/2014, artículo 9.3), y la memoria anual del despacho no puede llevar datos personales de clientes ni investigados (artículo 25.1.i).
Cuánto se guarda (artículo 49.4)
- Los informes se archivan al menos tres años.
- Las imágenes y sonidos grabados se destruyen tres años después de acabar la investigación, salvo que tengan que ver con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.
- El artículo cita la Ley Orgánica 15/1999, ya derogada por la Ley Orgánica 3/2018 (disposición derogatoria única): hoy el bloqueo de los datos va por el artículo 32 de esta.
En la prácticaUn amigo te pide «qué sacaste» de un caso de tu despacho porque conoce a la
persona investigada. No le cuentas nada: la información solo es del cliente y, si la piden, de jueces y policía.
Fuente: Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (texto consolidado), artículos 8.4.c, 9.3, 15.2, 25.1.i, 48.3 y 49 · Real Decreto 2364/1994, Reglamento de Seguridad Privada (texto consolidado; vigente en lo que no contradiga la Ley 5/2014), artículo 103 · Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (texto consolidado), artículos 5 y 32 y disposición derogatoria única